La Cámara de Licoreros del estado Táchira (Calita) y la Federación Venezolana de Licoreros y Ferreteros (Fevelif) formularon un llamado formal al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando que se limite la aplicación de la Ley Seca al mínimo establecido en la normativa electoral vigente.
Según explicaron los representantes del sector, la petición fue entregada por escrito el pasado miércoles 16 de julio ante el despacho del Viceministerio de Interiores, dirigido por el general Endes Palencia. El documento plantea que la restricción en la venta de bebidas alcohólicas —tal como lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sufragio— debería limitarse a 24 horas antes y 24 horas después de la jornada electoral.
«En los últimos dos procesos, se ha aplicado la restricción 48 horas antes y después e incluso hasta cinco días en algunos casos, lo cual representa un duro golpe al sector comercial», declaró Johnson Delgado, presidente de Fevelif y también de la Cámara de Licoreros del estado Táchira.
De acuerdo con Delgado, la extensión arbitraria de la medida ha generado pérdidas significativas para licorerías, supermercados, bodegas y establecimientos de venta al detal en todo el país, especialmente en estados fronterizos como Táchira, donde el flujo comercial es más sensible a regulaciones de este tipo.
«Respetamos la necesidad de garantizar un clima de paz y seguridad durante los procesos electorales, pero también creemos que es posible lograr ese objetivo sin comprometer desproporcionadamente la actividad económica de un sector legalmente establecido y generador de empleo», subrayó el vocero gremial.
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Consecuencias para el comercio
En su solicitud, Calita y Fevelif reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres, pacíficas y participativas. Al mismo tiempo, piden a las autoridades considerar que la restricción prolongada del expendio de licor genera efectos negativos no solo para los comerciantes, sino también para trabajadores, distribuidores y empresas vinculadas a la cadena de valor del sector.
«Confiamos en que esta petición será evaluada con responsabilidad institucional y sentido de equidad. El equilibrio entre el orden público y la dinámica económica debe ser una prioridad en contextos electorales», concluyó Delgado.
Los gremios están a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo nacional y aspiran a coordinar mesas de trabajo junto con otros sectores productivos para articular una aplicación más justa y eficaz de la normativa.
