La rápida expansión digital de América Latina ha abierto una brecha peligrosa entre el ritmo de adopción tecnológica y la capacidad institucional para protegerla. Esa es la advertencia central de un análisis reciente de Nur Cristiani, jefa de Estrategia de Inversión para América Latina, y Mary Sangurima, estratega global de inversiones, ambas de JPMorgan, que describen un panorama en el que la región combina vulnerabilidades crecientes, inversión insuficiente y una exposición desproporcionada a ataques cada vez más sofisticados.
La región, señalan, se ha convertido en uno de los objetivos más activos del mundo para el crimen cibernético. A medida que gobiernos y empresas migran servicios a la nube y adoptan inteligencia artificial para optimizar operaciones, los ataques se multiplican. El Fondo Monetario Internacional estima que los incidentes maliciosos casi se han duplicado desde antes de la pandemia, mientras que el Foro Económico Mundial reporta que el 77% de las organizaciones globales ha visto un aumento en fraudes digitales en el último año.
Brecha de preparación que supera a otras regiones emergentes
La percepción de riesgo en América Latina es notablemente más alta que en otras economías en desarrollo. Según el WEF, el 42% de las empresas latinoamericanas duda de la capacidad de su país para enfrentar amenazas cibernéticas, frente al 36% en África y apenas el 15% en Europa y Norteamérica. Esa brecha, advierten Cristiani y Sangurima, no es solo estadística: se traduce en un riesgo económico y sistémico mayor.
El Banco Mundial identifica a América Latina y el Caribe como la región con el crecimiento más acelerado de incidentes reportados, con un aumento cercano al 25% en la última década. La explicación es tan simple como contundente: la inversión en ciberseguridad es mínima. En India y México, el gasto per cápita ronda US$1, frente a los US$30 de Estados Unidos y Canadá. Washington, por sí solo, invierte 16 veces más que toda América Latina y el Caribe combinadas.
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Estrategias nacionales sin capacidad de ejecución
Aunque la mayoría de los países latinoamericanos ha adoptado estrategias nacionales de ciberseguridad, solo 13 cuentan con instituciones capaces de implementarlas, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y apenas nueve tienen mecanismos para proteger infraestructuras críticas como redes eléctricas, puertos, hospitales o sistemas tributarios.
La consecuencia es visible: Brasil registra tantos casos de extorsión y ransomware como los cinco mayores mercados latinoamericanos siguientes combinados. Y los incidentes de alto perfil se acumulan: el ataque a Pemex en 2019, la filtración masiva de datos en Ecuador ese mismo año, los asaltos al Banco de Chile en 2018 y 2020, o el ransomware que paralizó a Telecom Argentina en 2020.
En 2022, el ataque del grupo ruso Conti al Ministerio de Hacienda de Costa Rica obligó al país a declarar el primer estado de emergencia por un ciberataque en la historia. Más recientemente, Brasil enfrentó la exposición de datos médicos tras un ataque a un proveedor de software de salud, y una brecha en el sistema de pagos instantáneos PIX permitió el robo de unos US$100 millones, obligando al Banco Central a reforzar la seguridad del sistema financiero.
Ecosistema digital en expansión, pero sin blindaje
La digitalización avanza con fuerza: el uso de internet en la región pasó del 49% en 2014 al 82% en 2024; el comercio electrónico crece 1,5 veces más rápido que el promedio global; y el mercado del Internet de las Cosas ya supera los US$4.000 millones, con una tasa de crecimiento proyectada del 15% anual hasta 2030.
Pero esa expansión no viene acompañada de un blindaje equivalente. El ransomware representa casi la mitad de los ataques exitosos en la región, y los sectores más golpeados son precisamente los más sensibles: gobiernos y servicios financieros.
Cristiani y Sangurima advierten que la adopción acelerada de tecnologías de nube e inteligencia artificial será insostenible sin un salto proporcional en inversión y regulación. Brasil y Chile avanzan en centros de datos y proyectos de infraestructura digital, pero la supervisión y la seguridad de redes siguen rezagadas respecto a los estándares de los mercados desarrollados.
El análisis concluye que América Latina enfrenta un dilema: la digitalización es uno de sus motores económicos más dinámicos, pero también su mayor fuente de vulnerabilidad. La región puede convertir la ciberseguridad en un sector estratégico —con inversión, regulación y cooperación regional— o seguir expuesta a un riesgo que ya no es solo corporativo, sino de seguridad pública y soberanía.
