Un reciente estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con unos 37 medios, ha revelado que, en los últimos dos años, al menos 28.000 millones de dólares de origen sospechoso ingresaron a plataformas de criptomonedas. Entre los destinatarios figuran grandes bolsas como Binance, Bybit, HTX y OKX, lo que pone bajo escrutinio a un mercado que históricamente ha atraído tanto a inversores legítimos como a actores criminales.
Los fondos provendrían de redes de ciberataques, extorsión y organizaciones criminales, con orígenes en países como Corea del Norte y Camboya.
Según la investigación, estos grupos han utilizado estas plataformas para transformar dinero en monedas digitales como Bitcoin y Ether, facilitando el lavado a través de transacciones rápidas y relativamente opacas.
Grandes plataformas bajo la lupa
El informe señala que al menos nueve bolsas reconocidas han sido receptoras de fondos ilícitos. Binance aparece en el centro de la investigación, con más de 400 millones de dólares supuestamente ingresados desde el grupo camboyano Huione, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su actividad delictiva.
Asimismo, se estima que 900 millones adicionales han entrado desde una plataforma vinculada a hackers de Corea del Norte, quienes habrían utilizado la bolsa para blanquear ganancias de ataques digitales. Por su parte, OKX habría recibido más de 220 millones de dólares en depósitos originados en Huione. Cabe destacar que OKX ya admitió violaciones a las leyes de transferencia de dinero en Estados Unidos, lo que profundiza el escrutinio regulatorio sobre sus operaciones.
Los investigadores del ICIJ advierten que este análisis representa solo una “mirada parcial”: muchas cuentas con flujos ilícitos no han sido identificadas públicamente. Aun así, se considera uno de los primeros esfuerzos detallados que mapean estos movimientos en plataformas específicas, un área donde la transparencia históricamente ha sido limitada.
Más leídas
El dilema regulatorio y político
Desde sus inicios, las criptomonedas han ofrecido un atractivo peligroso: anonimato y velocidad. Esa combinación las ha convertido en un vehículo atractivo para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. A pesar de los compromisos de la industria para mejorar sus controles, las brechas regulatorias persisten.
Binance, por ejemplo, ya se declaró culpable en 2023 por violar leyes estadounidenses anti-lavado y pagó una multa de 4.300 millones de dólares, tras procesar transacciones relacionadas con grupos terroristas. Pero la presión parece haberse aligerado con el cambio de gobierno en Estados Unidos: bajo la administración de Donald Trump, se relajaron las regulaciones cripto. Además, Trump apoyó la creación de World Liberty Financial, una empresa vinculada a Binance, lo que añade una dimensión política al debate regulatorio.
El ambivalente paisaje regulatorio se cristaliza aún más con otro hecho reciente: en octubre, Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado a prisión por lavado de dinero. Este giro ha encendido preocupaciones sobre la capacidad de las autoridades para ejercer una supervisión efectiva sobre un sector que crece cada vez más integrado en el sistema financiero, pero que sigue operando en zonas grises legales.
Con información de EFE
