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El Gobierno de Venezuela impulsa estrategias para establecer un plan de protección con apoyo policial y militar en el Arco Minero del Orinoco, en momentos en los que el país ha manifestado su interés por la inversión privada y extranjera en materia de minería. Según una nota, difundida este domingo por el Ministerio de Comunicación, el ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró una reunión en el estado Bolívar con los principales organismos de seguridad para establecer planes estratégicos para el Arco Minero. En el encuentro se planteó la estructura de los Puntos de Atención al Minero, una iniciativa «orientada a la reorganización territorial y al impulso productivo de las áreas mineras». «Esta estrategia se fundamenta en la fusión cívico-militar-policial, integrando la experiencia de los cuerpos de seguridad para potenciar el crecimiento de las instituciones y brindar protección directa a la pequeña minería, considerada un eje clave del modelo económico», explicó el Ministerio de Comunicación. A la reunión asistieron autoridades militares y policiales de distintos cuerpos, incluyendo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de funcionarios de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), detalló la nota. El viernes, el Gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group. En un comunicado, la empresa Mercuria detalló entonces que, en asociación con Heeney Capital, «ha asegurado una serie de acuerdos estratégicos de compraventa en proyectos venezolanos de materias primas a granel y oro, como parte de una iniciativa más amplia respaldada por la Casa Blanca». En el Arco Minero, ubicado en Bolívar, predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro, cobre, caolín, dolomita y coltán, según el Plan Sectorial Minero 2019-2025 elaborado por el Gobierno. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señala en su web que en el área donde se estableció el Arco Minero se encuentran los parques nacionales Canaima -que alberga el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, con 979 metros de altura- y Jaua-Sarisariñama. De igual forma, alberga, según Provea, los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas warao, akawayo, eñepa, pumé, mapoyo, kari’ña, arawak, wõtjῧjã (piaroa), pemón, ye’kwana y sanɨma. Lea más contenido interesante y de actualidad: Jesús Faría plantea reforma laboral que se adapte a la realidad actual «de reconstrucción» #Datos: 50% de la población dice que su situación económica «sigue igual» después del #3Ene

El aumento del Ingreso Mínimo Nacional es el resultado del nivel de recuperación alcanzado hasta ahora, el cual impone un techo natural a las reivindicaciones que el Estado puede manejar.

Venezuela atraviesa lo que se puede definir como la segunda etapa de su recuperación económica, un momento marcado por las certezas que deja la estabilización, pero también por los evidentes límites estructurales de las finanzas públicas.

El reciente ajuste del ingreso mínimo es un reflejo transparente de esta dinámica: se ha priorizado un incremento sin mayor incidencia sobre la escala y la magnitud salarial, sencillamente porque el nivel de recuperación alcanzado hasta ahora impone un techo natural a las reivindicaciones que el Estado puede manejar.

Es una decisión difícil y el mismo gobierno lo reconoce como insuficiente para que los trabajadores hagan frente a una inflación anualizada que todavía está en tres dígitos, pero exigir más a las arcas públicas en este momento, por la vía tradicional de los pasivos laborales, sería comprometer el frágil equilibrio alcanzado.

Sin embargo, este límite transitorio en la capacidad de gasto convive con señales sumamente alentadoras en el frente monetario. Para el resto de 2026, la tendencia es clara: el margen entre el tipo de cambio oficial del BCV y las mesas de cambio debe seguirse estrechando.

Acabamos de presenciar una estabilización notable en la variación de la tasa de cambio, con un nivel de ajuste inferior al 3% al cierre del mes de abril, un contraste abismal y un gran respiro frente a la volatilidad del 24% que el país padeció en el mismo mes de 2025.

Tal como se ha venido documentando a través de los análisis y reportes de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados en el Informe Privado Semanal de BancayNegocios.com, esta calma se fundamenta en la perspectiva de que el BCV a través de la banca nacional comience a canalizar intervenciones mucho más considerables.

Este músculo financiero estará alimentado, fundamentalmente, por el incremento en la producción petrolera y las nuevas inversiones necesarias para el ingreso y operatividad de las transnacionales interesadas en la reactivación definitiva de nuestro sector de hidrocarburos y minería.

Con esta inyección de liquidez en el horizonte, las piezas del tablero económico comenzarán a moverse, obligando a repensar el andamiaje jurídico.

Frente a estas nuevas realidades, cabe esperarse más temprano que tarde una reforma general de la Ley del Trabajo, que sincere las relaciones laborales y permita la viabilidad operativa de las empresas.

Una adecuación de esta magnitud sentaría las bases para proyectar, hacia el último trimestre del año y alrededor del mes de octubre-noviembre, un nuevo anuncio de incremento del ingreso general de los trabajadores, sostenido esta vez sobre bases un poco más sólidas.

Pero para que esta ecuación funcione y el sector privado pueda ser un mayor protagonista de las mejoras salariales, hay un nudo crítico que desatar. Un elemento a solucionar, y que resulta igualmente importante, es que el Estado debe buscar urgentemente las maneras de enfrentar y generar una solución a la elevada carga tributaria que hoy recae sobre las empresas.

Hablamos de una realidad en la que una parte desproporcionada de los ingresos de las empresas se esfuma en el pago sobrepuesto de impuestos nacionales, regionales y municipales.

Es un tema que hay que resolver dentro de este nuevo andamiaje. Para abordar de manera adecuada y justa el tema salarial, es imperativo generarle a las empresas un alivio fiscal por la parte tributaria.

Esto cobra un sentido de absoluta urgencia y total lógica si consideramos que, en esta nueva etapa, el Estado va a recibir mayores ingresos por la vía de la renta petrolera.

Con una industria de hidrocarburos reactivándose, la avidez fiscal y la presión tributaria sobre el sector privado productivo ya no tienen por qué ser los elementos que soporten el peso real de la política fiscal del Estado venezolano.

Es hora de dejar que las empresas, como organizaciones más que fundamentales en este proceso de recuperación, respiren, para que, finalmente, puedan crecer y retribuir, mejor de lo que ya lo están haciendo, a su capital humano.

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