Las expectativas en torno al anuncio salarial del 1 de mayo comienzan a moderarse. El economista Asdrúbal Oliveros considera poco probable que el Ejecutivo anuncie un incremento significativo del salario base capaz de cubrir la canasta básica.
En su lectura, el escenario más factible apunta a un ajuste limitado del salario, acompañado de un aumento más marcado en las bonificaciones, en línea con el esquema aplicado en los últimos años.
Oliveros advierte que no hay condiciones para un ajuste que permita recuperar de inmediato el poder adquisitivo. “Vamos a estar muy lejos de eso”, sostiene, al referirse a la posibilidad de que el salario cubra el costo de la canasta básica.
Más que un cambio abrupto, el economista plantea que el anuncio debería marcar el inicio de una ruta de discusión para recomponer el salario real de forma progresiva, en un contexto donde persisten desequilibrios macroeconómicos acumulados.
Bonos como principal herramienta
Por otro lado, prevé que el peso del ajuste recaerá nuevamente en los bonos. Esta estrategia permite incrementar el ingreso disponible sin generar mayores compromisos fiscales asociados al salario formal, aunque mantiene distorsiones en el sistema de remuneraciones.
A su juicio, cualquier modificación de fondo requerirá una revisión del marco laboral vigente, con el objetivo de equilibrar intereses entre trabajadores, empresas y el Estado.
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Ajustes graduales en el horizonte
Oliveros no descarta que el Gobierno opte por una secuencia de aumentos progresivos a lo largo del año, especialmente si se consolidan mayores ingresos petroleros.
Sin embargo, subraya que la sostenibilidad de estos ajustes dependerá de su financiamiento. Si los incrementos se apoyan en emisión monetaria o en un aumento del déficit fiscal, el efecto podría ser contraproducente al traducirse en mayor inflación.
El economista insiste en que cualquier política salarial debe considerar las restricciones fiscales del Estado. Los recursos no solo se destinan a sueldos y pensiones, sino también a sectores críticos como electricidad, salud, educación e infraestructura.
En ese contexto, el desafío —advierte— es encontrar un equilibrio entre atender la presión social por mayores ingresos y evitar desequilibrios que terminen erosionando nuevamente el poder adquisitivo.
