Los nuevos alcaldes y concejales que resulten ganadores en las elecciones del domingo 27 de julio, enfrentarán una gestión en donde los fondos presupuestarios se verán afectados por la inflación y la devaluación. Las restricciones a las petroleras extranjeras que limita los ingresos al Fisco y una menor disponibilidad de recursos por situado constitucional impactarán también las finanzas de los gobiernos locales.
En el país había incertidumbre sobre la economía debido a la salida de Chevron, Eni y Repsol en mayo, luego que Estados Unidos no renovara sus licencias para operar en el sector petrolero. Analistas económicos advirtieron la posibilidad de una menor producción y menores divisas para vender en el mercado cambiario. Explicaron que esto reavivaría las presiones sobre el tipo de cambio y en los precios de los bienes y servicios.
Sin embargo, el escenario para el segundo semestre luce más esperanzador, al menos para el sector petrolero, luego que se conociera este jueves 24 la reanudación de actividades de Chevron en Venezuela. Medios internacionales informaron de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de permitir nuevamente las actividades de las petroleras extranjeras. La información fue confirmada por el gobernante Nicolás Maduro quien señaló que la empresa ya había recibido la notificación de la OFAC. «Así como lo hemos dicho siempre a todas las empresas internacionales, son bienvenidas a trabajar en Venezuela», dijo.
El director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, destacó que será significativo el impacto sobre la economía venezolana la vuelta de Chevron, de cara al segundo semestre y el 2026. «El sector petrolero continuaría con su racha de crecimiento y un importante flujo de divisas para el mercado cambiario y financiamiento de importaciones».
Según el portal especializado Petroguía el gobierno de Trump se replantea un nuevo modelo de permisos o autorizaciones «reservadas» para proyectos petroleros y gasíferos. «En principio se cambiaría la modalidad de licencia pública emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) como ha sido la norma desde 2019. Se optaría por autorizaciones o permisos de carácter privado y se añadirían restricciones a los pagos impositivos y a los desembolsos en divisas», destacó Petroguía.
Indicó que un primer permiso sería a favor de Chevron con la posibilidad de reasumir el control gerencial y operacional de las cuatro empresas mixtas en las que tiene participación minoritaria en sociedad con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). «Después continuarían los avales similares a favor de Repsol y Maurel & Prom. Luego para Shell y la Compañía Nacional de Trinidad y Tobago para retomar los trabajos en el campo Dragón de manera también que este país pueda comprarle gas a Pdvsa».
Esto permitirá que la producción petrolera mantenga sus niveles por encima del millón de barriles diarios hasta finalizar 2025. No obstante, continuarían las restricciones para entregar recursos al Fisco y sin muchas posibilidades de aumentar el presupuesto para todos los entes del Estado.
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Los impuestos municipales
A pesar de un panorama que augura una cierta estabilidad de los recursos, los gobiernos regionales tendrán que manejar muy cautelosamente sus presupuestos. Sin embargo, cuentan con los impuestos municipales los cuales se han incrementado en los últimos años.
La organización Transparencia Venezuela recordó que las gobernaciones y alcaldías cuentan con el aval de una mayor recaudación interna a través de los impuestos municipales. Gremios como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio han alertado del «incremento de forma voraz» del cobro de los tributos. Esta situación se advierte al menos desde el año 2019. Transparencia Venezuela recalcó que contar con data sobre ello se ha hecho cuesta arriba y solo se conoce lo señalado por los empresarios.
«En 2023 se promulgó la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, subordinados al Poder Ejecutivo, y sus resultados aún no pueden valorarse. En las circunstancias actuales es casi imposible conocer cuánto es la recaudación municipal. La mayor parte de las gobernaciones y alcaldías, siguen el ejemplo del Ejecutivo nacional y no publican sus respectivos presupuestos», recalcó Transparencia.
Estos recursos en bolívares también se ven afectados por las condiciones macroeconómicas del país. Economistas consideran que el Banco Central de Venezuela (BCV) continuará con su política de dejar deslizar la tasa de cambio. Estiman que la tasa de inflación cierre 2025 en tres dígitos y entre 200% a 250%. Afirman que cualquier presupuesto se verá impactado por la devaluación.
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¿Qué pasa con el situado constitucional?
El Ejecutivo ha manejado a discreción los recursos presupuestarios para las gobernaciones y alcaldías. El situado constitucional consiste en la transferencia de fondos desde el poder central hacia los gobiernos regionales. Pero la repartición de los fondos se ha hecho sin tomar en cuenta una gran cantidad de ingresos petroleros al país. Esta partida se ha considerado en el presupuesto de la Nación como «ingresos extraordinarios» en lugar de «ingresos ordinarios», tal y como lo establece la Carta Magna.
Hasta 2009, todos los ingresos petroleros se consideraban ordinarios (por ser recurrentes), por lo que al ser catalogados como extraordinarios merma los recursos de los estados y municipios. Al respecto, a las gobernaciones y alcaldías se les debe suministrar 20% de los ingresos ordinarios. No obstante, debido a este cálculo, en el presupuesto de 2025, por ejemplo, solo les toca 40% del 100% que les corresponde.
«Como si no fuese suficiente con la porción de ingresos petroleros, para el ejercicio fiscal 2025, los ingresos del sector minero también fueron catalogados como extraordinarios. Con estas medidas el Ejecutivo confiscó los recursos que corresponden a estados y municipios», señaló Transparencia Venezuela en un informe de análisis sobre el presupuesto de la Nación.
De acuerdo a la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025, las regiones recibirán 60.592 millones de bolívares por situado constitucional. Este monto significa tan solo 7% más que lo presupuestado para 2024 (Bs 56.604 millones). El monto para los estados es de Bs 48.474 millones versus los Bs 45.283 millones de 2024. Mientras que para los municipios es de Bs 12.118 millones versus los Bs 11.320 millones del período anterior.
Esto significa que si se suman los recursos petroleros extraordinarios a los ordinarios para 2025, resulta en Bs 754.464 millones, por lo que a las regiones se les debería presupuestar Bs 150.892 millones. Es decir, el 20% de lo que les corresponde de acuerdo a artículo 167 de la Constitución.
Por otra parte, según la proporcionalidad de cada partida del presupuesto total para 2025 de Bs 906.459 millones, el porcentaje que reciben las regiones este año es menor a la de 2024. Es decir, el situado constitucional representó 6,6% del total versus el 9% de 2024.
Durante la campaña para las elecciones del 27 de julio ni para las de gobernadores del pasado 25 de mayo, nada se dijo sobre la necesidad de contar con los recursos que corresponde por situado. Habrá que esperar si con la mejora del sector petrolero tras la vuelta de las petroleras extranjeras se observe un cambio en su actual cálculo.
Por Ahiana Figueroa
