Los testimonios que recibió el relator serán incluidos en el informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró el 14 de febrero que en Venezuela persisten los problemas para acceder a los alimentos, especialmente los «grupos vulnerables» como privados de libertad, niños y mujeres.
«Gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a alimentos buenos y sanos», dijo el experto en una rueda de prensa, al término de su visita al país -que comenzó el 31 de enero-, donde se reunió con diversas autoridades, organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones civiles.
En sus comentarios iniciales, explicó que la dolarización de facto que vive Venezuela, los bajos ingresos y la alta inflación -que cerró en 189,8 % el año pasado- «debilitan el poder adquisitivo» de las personas y aumenta los riesgos a sufrir inseguridad alimentaria.
Para enfrentar esta situación, prosiguió, algunos ciudadanos optan por «mecanismos negativos» como reducir el tamaño de las raciones de las comidas, saltarse alguna en el día o comprar alimentos sin valor nutricional.
«Me preocupan mucho los niños (…) conocí muchos testimonios de todo el país de que los niños están cada vez más expuestos a riesgos (como) separación familiar, trabajo infantil, explotación sexual, violencia física y abusos», sostuvo el relator de la ONU.
Asimismo, remarcó que los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas o en período de lactancia «son los más afectados» por la desnutrición, aunque no precisó números, debido a la falta de estadísticas oficiales.
Informe del relator de la ONU
El relator de la ONU dijo que algunas «mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida», una situación que -aclaró- fue reportada por numerosas organizaciones y que prevé incluir en su informe de conclusiones, que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo.
Aunque Venezuela «tiene muchas leyes progresistas» sobre el tema alimentario, -señaló- la «falta de aplicación» de esos preceptos ha alentado un «creciente sentimiento de decepción» en los ciudadanos, por lo que instó al Gobierno a crear un «plan urgente de alimentación», una idea sobre la que no dio detalles.
Sobre los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental para la entrega de alimentos a bajos precios, dijo que este «se ha convertido en un sistema de clientelismo» y no como un mecanismo para «la liberación del hambre».
El relator dijo que recibió denuncias sobre personas que fueron excluidas del CLAP por ser contrarias al Ejecutivo, así como críticas al programa por su irregular periodicidad y el bajo valor nutricional de los alimentos.
Pidió levantamiento de sanciones
Fakhri, pidió este miércoles a la comunidad internacional levantar las sanciones sectoriales a Venezuela debido a los efectos negativos de estas medidas sobre las personas que viven en pobreza extrema en el país suramericano.
«Las medidas coercitivas unilaterales son crueles y despiadadas, y obstaculizan la realización del derecho a la alimentación. Pido a todos los Estados involucrados que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, incluidas las sanciones secundarias contra terceros», dijo el relator en una rueda de prensa.
El relator remarcó que las sanciones «han limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para aplicar sus programas de atención social» y «han aumentado el costo del suministro de ayuda humanitaria».
«Este daño lo sufren desproporcionadamente las personas que viven en condiciones de extrema pobreza», insistió.
Sin embargo, aclaró que «no todos los problemas de hambre y desnutrición se deben a las sanciones» y que, bajo este escenario de restricciones financieras, en el país se «han creado nuevos patrones de poder, exacerbado los problemas político y económico» y ha aumentado la desigualdad.
Entonces, dijo, el Gobierno «recurre cada vez más a medidas que reducen la transparencia y crean las condiciones para la impunidad», entre las que mencionó la llamada Ley Antibloqueo, que en 2020 otorgó amplios poderes al Ejecutivo «para contratar con empresas privadas sin notificación pública».
Con información de EFE
