El anuncio previo al 1 de mayo confirmó lo que varios analistas anticipaban: no hubo aumento del salario mínimo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el 30 de abril que el llamado “ingreso mínimo integral” pasaría de 190 a 240 dólares.
El ajuste se concentró en el bono de Guerra Económica, que sube de 150 a 200 dólares (equivalentes en bolívares), mientras el bono de alimentación permanece en 40 dólares. En paralelo, el Sistema Patria comenzó a pagar un retroactivo equivalente a 50 dólares.
El costo de subir salarios
Para el economista Pablo Polo, la ausencia de un aumento salarial no constituye una sorpresa. La expectativa pública, señala, estaba centrada en el salario mínimo, pero el Gobierno optó nuevamente por reforzar el esquema de bonificaciones.
La razón, explica, es esencialmente fiscal. “Por cada 10 dólares que se aumente el salario mínimo, el impacto puede superar los 100 dólares”, advierte, en referencia al efecto multiplicador que tiene el salario sobre prestaciones, pensiones y otros compromisos del Estado.
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Restricción estructural
El economista sostiene que cualquier incremento salarial significativo pasa por una reforma del marco laboral vigente. Sin cambios en la estructura legal, el margen de maniobra es reducido.
“Si no se modifica la Ley del Trabajo, es prácticamente imposible realizar un ajuste salarial sin generar distorsiones”, afirma. Bajo el esquema actual, el Estado ha optado por el concepto de ingreso integral, que permite elevar el ingreso disponible sin asumir los costos asociados al salario formal.
Sin embargo, este modelo tiene implicaciones: los bonos no inciden en prestaciones ni en beneficios laborales, lo que limita su impacto en el mediano plazo.
Una economía que aún no se recupera
El trasfondo del problema es más profundo. Aunque la economía ha mostrado signos de recuperación, lo hace desde niveles históricamente bajos.
Polo recuerda que el producto interno bruto (PIB) venezolano pasó de alrededor de 300.000 millones de dólares en 2012 a un rango de entre 50.000 y 53.000 millones en 2025. “Se ha crecido, pero desde el sótano”, resume, para ilustrar que el repunte reciente no implica una recuperación plena de la capacidad económica.
Esa contracción limita la posibilidad de sostener una estructura de gasto público amplia, que incluye salarios, jubilaciones y pensiones.
Inflación versus ingresos
El dilema, en última instancia, es macroeconómico. Financiar aumentos salariales sin respaldo en ingresos reales implicaría recurrir a emisión monetaria, lo que presionaría la inflación y erosionaría rápidamente cualquier mejora en el ingreso.
“Es más relevante lo que ocurre con los precios que con el crecimiento”, sostiene el economista, al señalar que reducir la inflación tiene un impacto más directo en la reducción de la pobreza que un aumento puntual del PIB.
En ese equilibrio entre ingresos y estabilidad, el Gobierno optó por evitar el ajuste del salario mínimo —anclado en 130 bolívares, alrededor de 0,27 dólares— y reforzar el esquema de bonificaciones. El resultado es un ingreso que depende cada vez más de transferencias no salariales, mientras el salario formal pierde relevancia como referencia económica. Más que una solución, el esquema consolida una distorsión: el ingreso sube, pero el salario sigue prácticamente desaparecido.
Con información de Radio Fe y Alegría Noticias
